A principios de este siglo, en una situación de aparente bonanza económica, los inversores en Puertos del Estado pensaron que tanto la demanda de puntos de amarre para embarcaciones y consecuentemente los servicios derivados de la misma en cuanto a astillero para construcción naval y varadero para reparación eran poco menos que ilimitados, nada más lejos de la realidad.
Ello dio pié a que se negociaran unas condiciones económicas desorbitadas en calidad de concesionarios basadas en estudios económicos que con el tiempo se ha demostrado que eran cortoplacistas y alejados de una realidad que ya los macroeconomistas empezaban a predecir. Me estoy refiriendo fundamentalmente a las tasas portuarias, que se negociaron en muchos casos como un porcentaje de la facturación, con una fijación incluso de un mínimo sobre el que había que aplicar dicho porcentaje aún en el caso de no llegar a esas cifras.
Me parece incoherente tanto el planteamiento de Puertos del Estado como la aceptación de dichas condiciones y más teniendo en cuenta que la tributación estatal por el Impuesto de Sociedades se realiza en función de un porcentaje sobre los resultados y no sobre lo facturado.
Y como era lógico, con la llegada de la crisis, el mantenimiento de esas tasas se ha hecho insostenible para muchas concesiones que se encuentran en estos momentos con una situación difícil de solventar en gran medida por la rigidez y burocracia propia de las Administraciones Públicas incapaces de ajustar a la nueva realidad la presión impositiva negociando a la baja las condiciones inicialmente establecidas o bien facilitando una ampliación de los períodos concesionales, a la que no es posible optar en el caso de no estar al corriente en los pagos, y me pregunto yo, ¿quién está al corriente en los pagos?.
Cualquiera de estas dos medidas de forma individual o conjunta permitirían a las concesiones resarcirse de las pérdidas acontecidas en estos últimos años, pero mucho me temo que ello no va a ser así y consecuentemente se producirá el cierre de muchas de ellas como de hecho ya ha ocurrido, lo que evidencia que lo “los intereses de la empresa privada y la administración casan mal, al menos en este caso”, la primera centrada en rentabilizar su inversión y guiada por criterios de eficacia y eficiencia, y la segunda centrada únicamente en el cumplimiento de la legalidad capando en su raíz toda iniciativa empresarial.
